Por Juan Pablo Ojeda
La defensa legal de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, presentó formalmente una apelación contra el juicio y la sentencia de 38 años de prisión dictada por la Corte del Distrito Este de Nueva York. Los abogados argumentan que el proceso estuvo marcado por violaciones al debido proceso, ocultamiento de pruebas y la presentación de testimonios presuntamente falsos ante el juez Brian Cogan.
De acuerdo con el escrito ingresado ante la Corte de Apelaciones, los defensores César de Castro y Valerie Gotlib sostienen que el juicio quedó “irremediablemente contaminado”, por lo que solicitan la anulación del proceso o, en su caso, la reposición total del procedimiento judicial. La apelación, presentada el 18 de diciembre tras una prórroga, consta de 78 páginas acompañadas de 22 apéndices que suman casi 4 mil 600 hojas.
Uno de los ejes centrales del recurso es el presunto perjurio de testigos clave de la fiscalía estadounidense. La defensa asegura que al menos dos declarantes incurrieron en contradicciones graves bajo juramento sin que estas fueran valoradas de manera adecuada por el jurado. Entre ellos se encuentra el exagente federal Francisco Cañedo Zavaleta, quien declaró un supuesto secuestro de García Luna por sicarios ligados a Los Beltrán Leyva. Los abogados afirman contar con documentos que ubican al exfuncionario en un hospital privado el día de los hechos, además de señalar que dicho secuestro nunca fue denunciado formalmente.
También se impugna el testimonio de Héctor Villarreal, exsecretario de Finanzas de Coahuila, a quien acusan de relatar hechos cronológicamente imposibles, como visitas a instalaciones inexistentes o la exhibición de tecnología que nunca fue adquirida por la entonces Secretaría de Seguridad Pública.
Otro argumento relevante es el supuesto ocultamiento de pruebas exculpatorias. La defensa sostiene que autoridades estadounidenses realizaron evaluaciones, reuniones oficiales y pruebas de seguridad a García Luna sin detectar irregularidades, información que no fue presentada al jurado. Además, acusan que la fiscalía omitió informar que uno de los testigos cooperantes continuó delinquiendo mientras negociaba beneficios judiciales.
El recurso también cuestiona restricciones al contrainterrogatorio de testigos clave y la admisión de pruebas que consideran prejuiciosas, como fotografías de propiedades sin demostrar su origen ilícito. Finalmente, la defensa impugna la sentencia de 38 años de prisión y la multa de dos millones de dólares, al calificarlas como desproporcionadas frente a otros casos similares y basadas en hechos no plenamente probados.
Con esta apelación, el caso García Luna entra en una nueva etapa judicial que podría reabrir el debate sobre uno de los procesos más emblemáticos contra un exfuncionario mexicano en tribunales de Estados Unidos.
